FACTOR DE LA SEMANA | La Ley de Seguridad Interior

 

Mtro. Fernando Guzmán Pérez Peláez  | Presidente de la Fundación Miguel Palomar y Vizcarra 

 

En diciembre del 2016, el General Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, manifestó ante medios de comunicación la molestia de las Fuerzas Armadas y Marina por su ocupación en las tareas de Seguridad Pública, tareas para las que dijo “no pedimos estar aquí… no nos sentimos a gusto, los que estamos aquí con ustedes no estudiamos para perseguir delincuentes… Estamos haciendo funciones que no nos corresponden, todo porque no hay quien las deba de hacer o no están capacitados”. El reclamo, que tenía como destinatario al Secretario de Gobernación y al Poder Legislativo, era un llamado de las Fuerzas Armadas para que su actuación en tareas de Seguridad Pública contara con respaldo legal.

La militarización de la Seguridad Pública en México

Foto: www.tiempo.com.mx

En nuestro país existe una clara diferenciación entre las funciones de la Policía con las funciones propias de las Fuerzas Armadas y la Marina. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley…” y establece que “las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional”. 

Sin embargo, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas como el combate a la delincuencia organizada o la preservación del orden público han sido constantes desde hace muchos años. Ante las deficiencias de las policías preventivas y las que dependen del Ministerio Público, hay una tendencia a considerar la participación de militares en activo o en retiro para la dirección de los cuerpos policiales, el diseño de la política pública en materia de seguridad y la inteligencia civil. Esta participación supuso una mayor capacidad de profesionalización de los cuerpos policiacos y una mejor organización para responder eficazmente a sus responsabilidades constitucionales.

La participación de militares en las policías preventivas no evitó una mayor presencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de la seguridad pública. Al incluir la lucha contra el narcotráfico en la agenda de riesgos para la Seguridad Nacional, las Fuerzas Armadas tomaron un papel relevante no sólo en materia de inteligencia sino con su presencia en tareas de seguridad preventiva, incluso, en algunos municipios, remplazando fuerzas policiales completas por su presunta complicidad con la delincuencia organizada. Esto ha sido causa de múltiples conflictos.

Un problema de esta condición y que externó el propio General Secretario, Salvador Cienfuegos, es que, aunque en las Academias Militares los oficiales reciben formación en materia de Seguridad Pública, el entrenamiento de la tropa no corresponde con la actuación policial, sino más bien para la guerra. “No estudiamos para perseguir delincuentes” dijo el General.

La última década, miles de efectivos militares fueron desplegados en varias zonas del país para contener el avance de la delincuencia organizada. En tanto, se promovió la creación de una fuerza policial de alcance nacional, la Policía Federal Preventiva, y la profesionalización de los cuerpos de policía de las entidades federativas y los municipios. Se apostó por la homologación de protocolos, el equipamiento y capacitación técnica y se desarrollaron esquemas de Control y Confianza para evaluar su continuidad en las corporaciones y garantizar un adecuado reclutamiento de nuevos elementos. De estos esfuerzos se esperaba obtener una fuerza policial más competente y menos corrupta que asumiera plenamente las tareas de la seguridad pública y el auxilio al Ministerio Público, la realidad es que la transformación de las policías en las entidades y municipios está lejos de ser la que México requiere.

Esta situación ha prolongado la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de Seguridad Pública y lo que originalmente era una acción temporal y específica de combate a la delincuencia organizada, pasó a ser una condición indispensable en muchas regiones del país en las que la seguridad pública depende de las Fuerzas Armadas. Una condición irregular y peligrosa.

El uso discrecional de las Fuerzas Armadas en tareas policiales y, muchas veces, como responsables directos de la ejecución de órdenes de aprehensión implica serios riesgos para el Estado de Derecho y el respeto a los Derechos Humanos.

Este uso discrecional del personal militar que carece de controles legales y democrático-políticos (Aguayo, 2009), ha expuesto a las Fuerzas Armadas, que gozan de uno de los niveles más altos de confianza entre los mexicanos como lo demuestran distintas encuestas, generando desgaste y preocupación en la población por las experiencias de uso excesivo y desproporcionado, muchas veces letal, de la fuerza pública.

Dadas las claras diferencias que la constitución establece en materia de Seguridad Nacional y Seguridad Pública, los diputados desarrollaron un nuevo ámbito de seguridad, el de la Seguridad Interior.

Operativos desproporcionados en el uso de fuego y detenciones ilegales bajo supuestas acciones de inteligencia militar son una preocupación compartida por la población. A principios de 2016, un comando militar detuvo en Tepatitlán, Jalisco, sin orden judicial de por medio, a tres adolescentes para interrogarlos sobre su participación en el narcomenudeo. Dos días después, los detenidos aparecieron abandonados en un paraje próximo a una carretera. Dos de ellos muertos por golpes y el tercero, a quien los militares creyeron también muerto, sobrevivió y denunció la acción de los elementos militares. Otros casos, como el de la matanza de Tlataya, Estado de México, que han sido denunciados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reflejan la vulnerabilidad de la militarización de la seguridad pública en México.

La Opinión Pública reconoce el problema

Una encuesta realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados en marzo de 2017 sobre la Ley de Seguridad Interior arrojó que el 59.1% de la población desconocía que el Congreso discutía una ley para regular el papel de las Fuerzas Armadas en el combate al Crimen Organizado.

Otro dato relevante es que el 68.4% está de acuerdo en que una exista un marco legal para la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Además, el 60.7% dice estar de acuerdo en que se faculte al ejército para realizar investigación como Ministerio Público, aunque el 35.4% no está de acuerdo en darle al Ejército esa facultad. El 55.6% considera que el combate al Crimen Organizado es una tarea que le corresponde a las Fuerzas Armadas.

Interesante es también que 6 de cada 10 entrevistados cree que las labores de patrullaje del Ejército sí han sido útiles para el combate a la inseguridad.

Al evaluar la acción del gobierno para fortalecer a los cuerpos policiacos el 35.2% dice que ha sido Buena o Muy Buena, mientras que el 58.9% la califica como Mala o Muy Mala.

En cuanto a las facultades para que el Ejército pudiera replegar manifestaciones por la fuerza solo 2 de cada 10 encuestados está de acuerdo. Esta ha sido una de las principales preocupaciones de los académicos y activistas sociales.

El 43.6% está de acuerdo con las expresiones que aseguran que la Ley de Seguridad Interior es una forma de legalizar la impunidad ante casos de graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas por militares.

El 55% de los encuestados dice no estar de acuerdo con que exista una ley faculte a las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina) para intervenir comunicaciones y recolectar información privada.

El 56.4% cree que con la aprobación de la ley el Ejército y la Marina podrán combatir mejor el crimen organizado, el 24.6% piensa que seguirá igual y el 11.6% creé que estarán excedidos en sus facultades.

En general existe la percepción de que es necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas en el combate de el crimen organizado. Sin embargo, más de la mitad no está de acuerdo en que se les faculte para intervenir comunicaciones y recolectar información privada y, una contundente mayoría de los entrevistados dijeron no estar de acuerdo en que se use a las Fuerzas Armadas para replegar la protesta social.

La Nueva Ley de Seguridad Interior

Foto: www.debate.com.mx

 

Para solventar las demandas de las Fuerzas Armadas que se estiman desprotegidas en su participación en las tareas de seguridad pública y la clara inexistencia de controles legales que regulen y hagan factible esta participación militar en las tareas policiales, los partidos políticos presentaron cinco iniciativas de ley con el objeto de regular la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de la seguridad pública.

La iniciativa presentada por el Coordinador de la Fracción del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, en diciembre de 2016, fue la base para que las distintas comisiones de la Cámara de Diputados aprobaran el dictamen de la Ley de Seguridad Interior el pasado jueves 30 de noviembre. Ahora corresponde al Senado su análisis y aprobación, lo que deja espacio para un análisis más profundo y abierto a las expresiones de la sociedad civil que ven una amenaza en la ley aprobada por los diputados.

Dadas las claras diferencias que la constitución establece en materia de Seguridad Nacional y Seguridad Pública, los diputados desarrollaron un nuevo ámbito de seguridad, el de la Seguridad Interior. La iniciativa de  ley aprobada define a la Seguridad Interior como “la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”.  Es decir, el enfoque con el que los legisladores abordaron el problema de la incompatibilidad de la acción de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública fue el del resguardo del orden interno y la gobernabilidad democrática, un concepto vinculado a los conflictos relacionados con manifestaciones, protestas sociales y la paz social más que con la delincuencia organizada.

La sociedad y los líderes de opinión deberán exigir la aplicación de los Senadores en la revisión del dictamen aprobado por los Diputados pues, de ser ratificado en sus términos, el Ejército no regresaría a sus cuarteles y se estaría consagrando la militarización de la seguridad en todo el país.

Para ello, la iniciativa de ley otorga al Presidente de la República, por su iniciativa o por la petición de los Congresos Locales, la facultad de ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas cuando considere que existe una amenaza a la seguridad interior y las fuerzas policiales no sean suficientes para atender el problema, esta acción del Presidente será a través de una “Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior”. Para ello sólo requerirá de las consideraciones del Consejo de Seguridad Nacional y tendrá la obligación de informar a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En los casos en que el Presidente considere que la amenaza represente un grave peligro podrá ordenar acciones inmediatas a las Fuerzas Armadas, emitiendo posteriormente la “Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior”.

Mas allá de la Seguridad Nacional

La iniciativa de ley también faculta a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales a desarrollar actividades de inteligencia en materia de Seguridad interior, posibilitando a las Fuerzas Armadas las labores de inteligencia más allá de las vinculadas a las amenazas a la Seguridad Nacional. Para algunos analistas esto abre la puerta a la intervención en la privacidad de cualquier individuo bajo el argumento de la amenaza a la Seguridad Interior por parte de las áreas de inteligencia y contra inteligencia militares.

Uno de los problemas de la acción militar en el combate a la delincuencia organizada es que su presencia de auxilio a las fuerzas policiales suponía una temporalidad, sin embargo, la realidad es que ninguna autoridad se compromete con plazos específicos para que los militares regresen a sus cuarteles. Con esta iniciativa de ley se establecen plazos de vigencia que no podrán exceder de un año aunque la misma iniciativa permite al Presidente de la República prorrogar la Declaratoria de Protección mientras subsista la amenaza, en otras palabras, la permanencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública depende de la evaluación que el Presidente de la República haga de la amenaza. Esta situación no genera ningún incentivo para mejorar el trabajo de los gobernadores y presidentes municipales en la profesionalización y fortalecimiento de sus cuerpos policiales, dado que la militarización de la seguridad pública pasa a ser una condición legal y dependiente del ánimo presidencial. Era esperado que esta ley considerara un retiro programado de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública, de confirmarse esta ley podría no ser así, por el contrario, la presencia militar podría extenderse en detrimento de los ámbitos de gobierno local y el  desarrollo de fuerzas policiales en las entidades federativas.

La “estricta responsabilidad” del Presidente de la República

Aunque la iniciativa ley señala expresamente que la protesta social o las de motivo político-electoral que se realicen pacíficamente no pueden ser consideradas como amenazas a la Seguridad Interior, se percibe un riesgo de criminalización de las protestas sociales pues la definición y evaluación de las amenazas queda “bajo la estricta responsabilidad” del Presidente de la República. Este ha sido uno de los principales puntos de alarma de académicos y organismos ciudadanos al temer que una evaluación “inexacta” de las amenazas a la Seguridad Interior se utilice a las Fuerzas Armadas para la dispersión de manifestaciones sociales y políticas.

Por todos estos puntos establecidos en la iniciativa ley aprobada por la Cámara de Diputados es que diversos organismos han levantado la voz para denunciar las ambigüedades y deficiencias contenidas en el proyecto aprobado y que ahora pasa a su revisión al Senado de la República. Aunque se reconoce la necesidad de regular la participación de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada y en auxilio a las policías locales rebasadas por la corrupción, la impunidad y las fallas del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se espera que el Poder Legislativo promueva una legislación que atienda el problema de fondo previendo el gradual retorno de los militares a los cuarteles y poniendo límites a la acción militar para privilegiar el respeto a los Derechos Humanos. La ley aprobada por los diputados no refleja este propósito.

Así, se espera que la discusión en el Senado no reproduzca la lógica de la Cámara de Diputados y genere los cambios que sean necesarios para que la legislación, necesaria y urgente en esta materia, corresponda con los requerimientos de las instituciones del Estado mexicano y el desarrollo democrático del país.

La sociedad y los líderes de opinión deberán exigir la aplicación de los Senadores en la revisión del dictamen aprobado por los Diputados pues, de ser ratificado en sus términos, el Ejército no regresaría a sus cuarteles y se estaría consagrando la militarización de la seguridad en todo el país. Esto representa un riesgo para la vida democrática y premia la irresponsable negligencia de Gobernadores y Alcaldes en su obligación de brindar seguridad a sus poblaciones, a pesar de que se han destinado miles de millones de pesos durante las últimas dos décadas a ello. Por otro lado, se apostaría todo a consolidar una política de intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de la seguridad pública, ahora llamada seguridad interior, aunque está demostrado que esa estrategia no ha logrado detener el baño de sangre del que tanto se ha criticado al presidente Calderón. Mientras que en 2006 se cometía en el país un homicidio cada 19 minutos, en 2017 ocurre un homicidio cada 12 minutos, esto es un aumento de 60%.  Visto así, parece que se consolida el Estado fallido.

En paralelo, es indispensable trabajar desde las familias, que son el corazón de la sociedad y la esperanza de la nación, para enfrentar la creciente violencia y la pérdida de valores con la construcción de una Cultura de Paz, pero esto será materia de otro analisis.

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